La reciente aprobación para tipificar el transfeminicidio en el Estado de México, impulsada por el primer diputade no binario, Meme Navarro, marca un cambio fundamental en la manera en que se investigan y sancionan los crímenes contra personas trans.

Hasta antes de esta reforma, los asesinatos de mujeres trans eran procesados como homicidios calificados o, en algunos casos, bajo la figura de feminicidio, lo que generaba vacíos jurídicos y dificultades para acreditar la violencia motivada por odio. Con la modificación al Código Penal, el transfeminicidio se reconoce ahora como un delito específico, lo que permitirá iniciar investigaciones desde el principio con perspectiva de género y diversidad.

La reforma contempla también el aumento de las sanciones: las penas podrán llegar hasta los 70 años de prisión cuando se compruebe que el crimen fue motivado por la identidad o expresión de género de la víctima. Esta medida responde a una demanda histórica de organizaciones civiles, que han insistido en la necesidad de un tipo penal que nombre, visibilice y atienda estos crímenes de odio.

Al establecer un marco jurídico más claro, la reforma obliga a las autoridades a fortalecer protocolos especializados y mejorar la documentación de estos casos, lo que representa un avance importante en la protección de los derechos de las personas trans en la entidad.