Ante el recrudecimiento de la situación en Venezuela y recientes acciones militares de Estados Unidos en ese país, el Gobierno de México ha dejado clara su postura diplomática: rechazar cualquier intervención armada y abogar por una solución pacífica, manteniendo firme su principio histórico de no injerencia en asuntos externos.

La presidenta Claudia Sheinbaum, respaldada por integrantes de su gabinete y gobernadores afines, ha condenado lo que México considera una “intervención militar” en Venezuela, apelando al respeto del derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas como base para la convivencia entre estados soberanos.

Desde la política exterior de la 4T, el llamado es a priorizar el diálogo, la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de conflictos, incluso en medio de diferencias políticas sobre la situación interna de Venezuela y los reclamos de democracia y derechos humanos que han marcado el contexto latinoamericano.

La postura mexicana se ha traducido en llamados al respeto a la soberanía regional y en mensajes de apoyo a mecanismos multilaterales de negociación, con la intención de evitar que la tensión escale y comprometa la estabilidad del continente.

Este enfoque, aunque respaldado por autoridades y algunos sectores diplomáticos, se da en un escenario complejo donde actores internacionales (como Estados Unidos y organismos globales) debaten sobre la legitimidad, el futuro político y la gobernabilidad de Venezuela, marcando un punto determinante en la política exterior de México en la región.