En la Ciudad de México, donde miles de familias destinan una parte creciente de sus ingresos al pago de renta, el acceso a una vivienda digna se ha vuelto un desafío cotidiano. Ante este panorama, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha colocado el tema en el centro de la agenda pública con un enfoque de justicia social.

La iniciativa de Ley de Rentas Justas plantea que los aumentos en el alquiler no puedan superar la inflación anual, una medida respaldada por criterios ya reconocidos en la legislación local. Además, contempla la creación de una Defensoría Inquilinaria para mediar conflictos y proteger derechos, así como acciones para ordenar el mercado de vivienda y frenar la gentrificación que ha desplazado a comunidades enteras.

Como parte de esta política integral, el gobierno capitalino ha proyectado habilitar hasta 20 mil viviendas en renta pública y desarrollar programas de mejoramiento habitacional con inversión, como el plan que prevé intervenir más de 2 mil 500 unidades habitacionales en la ciudad. Actualmente, la propuesta avanza en el ámbito legislativo, consolidando una estrategia que busca garantizar que la capital siga siendo un espacio accesible, con reglas claras y protección efectiva para quienes la habitan.