En el marco de las políticas públicas orientadas al acceso equitativo a la vivienda, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer límites al incremento de las rentas en la Ciudad de México, con el objetivo de proteger el arraigo vecinal y fortalecer el bienestar de la población.

La propuesta plantea que el aumento anual de los alquileres no supere el índice inflacionario, además de obligar al Gobierno a impulsar una política amplia de vivienda social y asequible. Asimismo, contempla la creación de una institución pública especializada en la mediación y defensa de las relaciones inquilinarias, así como el reconocimiento del derecho al arraigo vecinal, cultural y económico como parte del marco constitucional.

De acuerdo con datos presentados, el crecimiento sostenido en los costos de vivienda ha impactado especialmente a la población joven, en un contexto donde una proporción significativa de habitantes depende de la renta. Ante ello, la iniciativa forma parte de una estrategia integral que busca garantizar el derecho a la vivienda y atender fenómenos como la gentrificación, mediante acciones coordinadas entre autoridades y sociedad.