En el marco de la atención a la seguridad y la protección de la ciudadanía, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la firma de un pacto entre autoridades y sociedad civil para hacer frente a la extorsión, uno de los delitos que impactan de manera directa la vida cotidiana en la capital.

Durante el acto realizado en el Centro Cultural del México Contemporáneo, la mandataria destacó que este delito busca generar miedo e incertidumbre en la población, por lo que su administración impulsa acciones integrales que atiendan tanto la prevención como la sanción, bajo un enfoque de responsabilidad pública y coordinación institucional.

Como parte de estas acciones, anunció el envío de un paquete de reformas al Código Penal local para tipificar el “hostigamiento coercitivo” y establecer que tanto la extorsión consumada como su tentativa sean consideradas delitos graves, lo que permitirá fortalecer las sanciones y avanzar en el combate a estas prácticas.

El acuerdo también contempla la creación de un centro de atención inmediata, el fortalecimiento de la inteligencia financiera para rastrear recursos ilícitos, así como la implementación de redes vecinales y comerciales que contribuyan a la detección y prevención del delito, promoviendo la participación activa de la ciudadanía.

Asimismo, se reiteró el compromiso de garantizar protección integral a las víctimas y fomentar la denuncia, como parte de una estrategia que busca romper el silencio frente a la extorsión. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero de 2025 y marzo de 2026 se han logrado detenciones relevantes y un incremento en órdenes de aprehensión, reflejando avances en la atención institucional a este fenómeno.