En el marco de la consolidación del modelo de bienestar social en la capital del país, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca garantizar la protección del gasto social y fortalecer la atención a la primera infancia. La propuesta plantea que los recursos destinados a programas sociales no puedan ser menores, en términos reales, a los del año anterior, con el objetivo de evitar retrocesos presupuestarios en la atención a los derechos sociales de la población.

La iniciativa también establece el reconocimiento constitucional del derecho universal de niñas y niños de cero a tres años a recibir apoyo económico y educación inicial. Para ello, el gobierno capitalino proyecta la construcción de 300 centros de cuidado inicial y el desarrollo de un sistema integral que incluya infraestructura, formación de educadores y presupuesto suficiente para garantizar atención desde el nacimiento.

Durante la presentación se informó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre 2018 y 2024 el número de hogares en la Ciudad de México con acceso a programas sociales pasó de 674 mil a 1.6 millones, lo que representa una cobertura del 52 por ciento. Asimismo, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México reportó que en ese periodo 854 mil personas salieron de la pobreza, mientras que la pobreza extrema se redujo a más de la mitad. Para 2026, la inversión en transferencias económicas superará 13 mil millones de pesos y permitirá beneficiar a cerca de 2.5 millones de personas mediante programas como Desde la Cuna, Ingreso Ciudadano Universal, Pensión Hombres Bienestar y apoyos dirigidos a familias, jóvenes y mujeres cuidadoras.